Seúl, 13 de junio (Yonhap) La principales compañías del país están obligadas a revelar cuánto pagan anualmente como parte de un movimiento para reforzar la transparencia de las empresas y los derechos de los accionistas, dijo el regulador financiero.
En virtud de un proyecto de ley sobre el mercado de capital cuya previsión para que entre en vigor es en septiembre, las empresas locales deberán revelar los salarios anuales de los ejecutivos registrados, de acuerdo con la Comisión de Servicios Financieros (FSC), cuando estos superen los 500 millones de wones.
Actualmente los salarios promedios anuales de las empresas de Corea están abiertos al público. Se espera publicar los sueldos anuales de alrededor de 600 ejecutivos de 200 grandes empresas.
Los críticos, sin embargo, han afirmado que los ejecutivos no registrados no están obligados a seguir el marco del citado proyecto de ley.
Ha habido crecientes llamadas en el país para reformar el sistema de compensación para estos ejecutivos que son propietarios de grandes negocios, los “chaebol”. Asimismo algunos directores ejecutivos de grandes empresas están sobrepagados, ampliando así las diferencias salariales injustas con los empleados más bajos.
Según los datos recopilados por el Servicio de Investigación firme CXO Institute, los ejecutivos registrados de las mayores empresas recibieron como sueldo promedio en 2011 de 10,9 millones de wones.
SK Innovation CO., la refinería de petróleo más importante del país, ocupa el segundo lugar con 4.600.000.000 de wones y el primer operador del país, SK Telecom Co. perdía con 3800 millones wones, según los datos.
El FSC añade que el proyecto de ley revisado también ha allanado el camino para las bolsas locales a crecer en grandes bancos de inversión. Con un capital social de más de 3 billones de wones, para que puedan empezar lo que se llama un negocio de corretaje de primera, en el que se ofrecen los servicios necesarios para las fusiones y adquisiciones, así como ofertas de fondos de cobertura.
El regulador agregó que se ampliará la vigilancia sobre las empresas que no cotizan para frenar los anuncios por la puerta trasera y otras actividades ilegales en el mercado de valores local, incluyendo el uso de la información corporativa secreta y la presentación de datos falsos.
